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Mar de Fueguitos - «La empresa vasca CAF se juega perder miles de millones por trabajar para Israel en los territorios ocupados palestinos»

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«El tren ligero de Jerusalén es ilegal porque el proyecto se enmarca dentro de las estrategias para profundizar la ocupación de territorio palestino. Se trata de construir infraestructuras permanentes que funcionan como dispositivos que impiden la libre circulación y movilidad de la población palestina. Por poner un ejemplo, se podría comparar también con las carreteras exclusivas para colonos israelíes que hay en los territorios ocupados. Son infraestructuras que vienen a normalizar, legitimar y profundizar la ocupación. La construcción de este tren en Jerusalén conlleva la confiscación de tierras palestinas, la demolición de casas palestinas y el desplazamiento forzado de población palestina en Jerusalén Este. Y eso es lo que denunciamos. Además de que este tren es también contrario al derecho internacional y a las propias normas internas de la propia empresa ferroviera vasca CAF, normas en las que dicen que siempre van a respetar los derechos humanos y en este caso no lo están haciendo», señala Eneko Calle, integrante de la coalición que impulsa la campaña «CAF, ¡Bájate del tren del apartheid israelí!». Cerca de 100 colectivos sociales y de derechos humanos han firmado el manifiesto de esta campaña contra la participación de la empresa CAF en la ampliación del tren ligero de Jerusalén por los asentamientos ilegales de Jerusalén Este. En agosto de 2019, el ministerio de Finanzas de Israel eligió el consorcio de CAF y la compañía israelí de infraestructuras Shapir para realizar esa obra que cuenta con un presupuesto de 1.800 millones de dólares.»Israel es un socio prioritario para las instituciones vascas y la empresa CAF puede acceder y obtener nuevas licitaciones y contratos en Israel a partir de este proyecto. El presupuesto de este tren es pequeño pero no se puede hacer negocios con un Estado del apartheid como Israel que vulnera sistemáticamente los derechos humanos», añade Eneko Calle.

«El Gobierno Vasco, en su plan de internacionalización de las empresas vascas, tiene a Israel como un socio preferente. Algo, por cierto, totalmente contradictorio con sus políticas de cooperación al desarrollo a través de las cuales se apoya claramente a Cisjordania y a la Franja de Gaza. Sin embargo, para los acuerdos comerciales y económicos, el socio preferente es Israel. Además, la situación es más grave aún porque el Gobierno Vasco es parte de los accionistas de CAF. Y en este sentido, lo que le pedimos es que presione a la dirección de la empresa para que no construyan ese tren», cuenta Eneko Calle, de la coalición de la campaña «CAF, ¡Bájate del tren del apartheid israelí». En relación al impacto de su campaña, Eneko Calle reconoce que «en estos momentos es complicado defender una campaña como ésta. El apoyo a nivel de la empresa tiene que venir claramente de los sindicatos, que tienen que movilizar al Comité de empresa y a las trabajadoras y trabajadores dentro de la empresa. Hay apoyo a nuestras demandas y pensamos que, si desde los sindicatos y la sociedad civil hacemos presión, este proyecto se puede paralizar, o al menos que CAF se salga de la licitación. Es verdad que es complicado, pero el trabajo que se está haciendo desde la coalición es muy importante, por ejemplo, un trabajo de base en la comarca del Goiherri, en Ordizia, en Beasain, con la idea de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía para que entiendan que participar en este proyecto vulnera los derechos humanos y te convierte en cómplice de la ocupación, teniendo muy en cuenta, claro, que la mayoría de la población de esa comarca trabaja en CAF».

En 2018, el comercio de mercancías entre la Unión Europea e Israel ascendió a 34,4 billones de euros. Uno de cada tres productos israelíes exportados ese año acabó en el continente europeo. «La Unión Europea es el socio comercial más importante de Israel y a la vez el más hipócrita porque vemos que ante cada vulneración de derechos humanos de Israel la Unión Europea hace un comunicado lamentándolo mucho, pidiendo respeto a los derechos del pueblo palestino, pero luego no toma ninguna medida para presionar a Israel y que de verdad deje de cometer estas vulneraciones», denuncia Alys Samson, coordinadora de campañas en Europa del Comité nacional palestino de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. «Será solo aislando al apartheid de Israel que se le va a conseguir presionar para que respete los derechos del pueblo palestino. Y un buen ejemplo es la empresa CAF porque para desarrollar este tren Israel necesita del conocimiento de empresas trasnacionales. La empresa Veolia, que ya participó en la construcción de la primera línea de este tren, se tuvo que ir al perder más de 200 millones de euros por las campañas de boicot. Y ahora es a lo que se enfrenta CAF si decide seguir con su participación aquí. En febrero de 2020 la ONU publicó una base de datos con 100 empresas que están trabajando en los territorios ocupados palestinos. Y la socia de CAF, la empresa Saphir, está en esa lista. Y a lo que se enfrenta ahora CAF es a que en la siguiente edición de la lista, que saldrá el próximo año, aparezca ella misma. Los 1.800 millones de dólares del tren ligero de Jerusalén son muy pocos en relación con lo que se está jugando CAF al formar parte de una lista de la ONU que enumera las empresas que están trabajando en los territorios ocupados y que están en contra del derecho internacional. Además, la empresa CAF también se está jugando el enfrentarse a las instituciones públicas, y no hay que olvidar que CAF depende de los contratos públicos, que no le van a querer contratar precisamente por estas graves vulneraciones. Si CAF velará por los derechos de sus trabajadores no pondría en este riesgo a la empresa. Tanto por respeto a los derechos del pueblo palestino como a los propios trabajadores, CAF debe abandonar este proyecto ilegal», añade Alys Samson.

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