Otra vuelta de tuerca en Sierra Nevada

El macizo montañoso que hemos dados en llamar Sierra Nevada, dentro del Sistema Penibético, fue declarado parque natural (con lo que se supone en cuanto a protección que eso implica) en 1999 y posteriormente gran parte del mismo subió en el escalafón de protección y paso a ser parque nacional, y eso lo decidían sus valores botánicos, paisajísticos y naturales.

A causa del aislamiento del macizo lleva milenios siendo refugio de innumerables plantas y endemismos nada propios del área mediterránea, según el Ministerio del Medio Ambiente existen como unas 66 especies vegetales endémicas y otras 80 especies animales propias de la zona.

A Cetursa parece molestarle toda esta maravilla y con la excusa de la rentabilidad hace todo lo posible por socavar este área. Su penúltimo intento es la tramitación de un procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente
AAU/GR/001/25, con la denominación:

«reordenación del área recreativa Mirlo Blanco, en la zona de Pradollano, Estación de Esquí de Sierra Nevada, término municipal de Monachil (Granada)»,

promovido por Cetursa Sierra Nevada S.A, y que apareció a exposición pública en BOJA n o 77 de fecha 24 de abril de 2025.

Dicha actuación se sitúa justo encima del entubamiento del Río Monachil, dentro del Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada y perteneciente a la Red Natura 2000.

El objetivo es cerrar la zona para que sólo haya una entrada de pago a las instalaciones,
impidiendo el paso por el Dominio Público Hidráulico y Zona de Servidumbre definidos en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Al encontrarse la zona sobre el cauce del río y siendo punto de recepción de torrenteras y barrancos por ambas márgenes, lo que pudiera afectar a la seguridad de personas en caso de incidencias meteorológicas -como las acaecidas hace poco en el Barranco de Cauchiles- no es aventurado apuntar a un más que probable riesgo para la seguridad de las personas.

Ecologistas, grupo local de Granada, ha solicitado a la Administración información sobre qué autorización ha concedido el Organismo de la Cuenca para la privatización de facto de la zona sobre el cauce del río Monachil y que responsabilidad adquiere cada una de las partes en caso de daños por inundación y/o avalanchas.

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