Vivienda, moratoria y el conflicto entre el negocio y el hogar
El debate en torno a la moratoria de los desahucios trasciende con mucho el plano jurídico o técnico en el que a menudo se intenta encerrar. No se trata únicamente de plazos, procedimientos o competencias administrativas, sino de un conflicto político y social de fondo: la vivienda ha dejado de concebirse como un derecho fundamental ligado a la dignidad humana para convertirse en un activo financiero sometido a las lógicas del mercado global.
Este desplazamiento no es neutro. Tiene consecuencias directas sobre la vida de miles de personas y refleja una reordenación de prioridades en la que el beneficio económico se sitúa por encima del bienestar social. La caída de la moratoria es, en este sentido, un hito más en un proceso de mercantilización acelerada del derecho a techo.
1. El negocio frente al hogar
La desvirtuación del artículo 47 de la Constitución
La Constitución Española establece con claridad que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, el marco económico actual convierte ese mandato en una declaración retórica sin efectos reales.
La vivienda es tratada como una mercancía sujeta a la especulación, donde el precio no responde a la función social del bien, sino a la expectativa de rentabilidad. Este enfoque ignora deliberadamente que una vivienda no es un bien cualquiera: es el soporte material de la vida, el espacio desde el que se ejerce el resto de derechos.
Cuando los grandes propietarios priorizan el cobro del alquiler o la revalorización del activo frente a la garantía de un techo, se produce una colisión directa con el artículo 33.2 de la Constitución, que subordina el derecho de propiedad al interés general. En este contexto, la moratoria actuaba como una herramienta de emergencia, un límite mínimo frente a la lógica puramente mercantil. Su eliminación refuerza la idea de que el hogar queda supeditado al negocio.
2. El privilegio fiscal
SOCIMI y grandes tenedores frente al principio de igualdad
La desigualdad no se manifiesta únicamente en el acceso a la vivienda, sino también en el trato fiscal que reciben quienes acumulan grandes volúmenes de inmuebles. Las SOCIMI tributan al 0 % en el Impuesto de Sociedades, una exención que contrasta de forma obscena con la presión fiscal que soporta la mayoría social.
Mientras trabajadores y trabajadoras pagan impuestos sobre salarios cada vez más precarizados, y mientras las familias destinan una parte creciente de sus ingresos a la vivienda, los grandes tenedores operan en un entorno legal diseñado para blindar el capital inmobiliario. Este modelo fiscal no es accidental: es una pieza clave en la financiarización de la vivienda.
El resultado es una vulneración de facto del principio constitucional de progresividad fiscal y una transferencia constante de riqueza desde la mayoría social hacia quienes concentran el patrimonio inmobiliario.
3. La descapitalización pública
El desmantelamiento del parque de vivienda social
A esta dinámica se suma la gestión del parque público de vivienda en las últimas décadas, marcada por decisiones políticas que han debilitado gravemente su función social. Miles de viviendas de protección oficial han sido descalificadas y puestas en el mercado libre, rompiendo el compromiso de garantizar un acceso estable y asequible a la vivienda.
Especialmente grave ha sido la venta de viviendas públicas a fondos de inversión internacionales. Estas operaciones, justificadas en nombre de la austeridad o la eficiencia, han supuesto en realidad una cesión de soberanía social: recursos construidos con dinero público han pasado a manos privadas cuya única finalidad es la maximización del beneficio.
El Estado ha actuado como intermediario en la transferencia de bienes comunes hacia el capital financiero, reforzando la precariedad habitacional.
4. Moratoria y conflicto social
Una guerra de clases en el mercado inmobiliario
Desde esta perspectiva, el rechazo de PP, Vox y Junts a la prórroga de la moratoria no puede entenderse como una decisión neutral. Es una toma de posición clara en un conflicto social cada vez más evidente.
En el debate político se protege de manera casi absoluta el derecho de propiedad, incluso cuando este se ejerce de forma especulativa y antisocial. En cambio, el derecho a la existencia —a tener un techo, a no ser expulsado del propio hogar— queda condicionado a la capacidad económica individual.
Cuando desaparecen las medidas de protección, el mensaje es claro: quien no puede pagar, sobra. La balanza se inclina a favor de propietarios y rentistas, consolidando una victoria del capital sobre el trabajo y sobre las necesidades básicas.
5. El papel del Estado
De garante de derechos a gestor del mercado
La Constitución es inequívoca cuando afirma que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. Sin embargo, la caída de la moratoria evidencia una renuncia del Estado a ejercer ese principio.
En el conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho a la rentabilidad, el Estado, con su actuar, deja vía libre al mercado para imponer su lógica sin contrapesos. El “freno de mano” del bienestar social se suelta, y las consecuencias recaen siempre sobre los mismos: familias vulnerables, personas mayores, hogares monoparentales y trabajadoras empobrecidas.
6. Organizarse para defender el derecho a techo
La movilización como respuesta colectiva
Frente a este escenario, la respuesta no puede ser individual ni resignada. La historia demuestra que los derechos no se mendigan: se conquistan y se defienden colectivamente. La moratoria de desahucios no fue un regalo institucional, sino el resultado de años de lucha, presión social y organización desde abajo.
Hoy, más que nunca, es imprescindible fortalecer los espacios de apoyo mutuo, asesoramiento y acción colectiva. Stop Desahucios Granada 15M es uno de esos espacios donde el derecho a la vivienda se defiende en la práctica, acompañando a las familias, señalando a los responsables y construyendo alternativas.
Stop Desahucios Granada 15M se reúne todos los miércoles a las 18:30 h en el Local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía nº 18, en el barrio del Zaidín.
Un espacio abierto para quien sufre un desahucio, para quien quiere apoyar y para quien entiende que sin vivienda no hay democracia.
Defender la moratoria, exigir políticas públicas de vivienda y frenar la especulación no es una cuestión ideológica abstracta: es una cuestión de dignidad. Porque la vivienda no puede seguir siendo un activo financiero mientras se desahucia a personas. Porque el derecho a techo se defiende luchando