🤌🏼Consecuencias de la caída del escudo social🛡

Concentración de Stop Desahucios frente al Ayuntamiento

ste viernes Stop Desahucios Granada 15M se ha concentrado en la puerta del Ayuntamiento de Granada para reclamar al Consistorio que, «tras la caída de las medidas de la moratoria, el Ayuntamiento tiene que hacerse responsable de las consecuencias ante las familias vulnerables amenazadas de desahucio y sin alternativa habitacional».

El colectivo social traslada a la ciudadanía su profunda preocupación ante la decisión adoptada por el Partido Popular y en su extensión por el Ayuntamiento de Granada, puesto que Partido Popular junto con Vox y Junts, ha votado en contra de la renovación del escudo social.

La decisión no es una cuestión técnica ni burocrática. Es una decisión que puede tener consecuencias devastadoras para miles de familias vulnerables, ya que hablamos de personas, no de cifras.

Más de 60.000 familias podrían verse afectadas por el fin de estas medidas de protección. No son números abstractos: Son familias con niños y niñas a su cargo. Son pensionistas y jubiladas con ingresos mínimos. Son trabajadores y trabajadoras con empleos precarios. Son personas en paro. Son hogares monomarentales que ya viven al límite.

Cuando se elimina un escudo social sin prever alternativas reales y eficaces, lo que se está haciendo es dejar a miles de personas expuestas al desahucio sin red de protección.

Preguntas al Ayuntamiento

¿Qué alternativa concreta ofrece este Ayuntamiento a una familia con tres menores que puedan desahuciar el mes que viene?

1. ¿Un albergue temporal?
2. Separar a la familia?
3. ¿Un trastero?
4. ¿Un recurso provisional sin estabilidad ni dignidad?.

¿Qué solución plantea para una persona jubilada cuyo propietario no quiere renovar el alquiler?

1. ¿Una habitación compartida lejos de su barrio y su red de apoyo?
2. ¿Desarraigarla del entorno donde ha construido su vida?.

¿Dónde están los recursos extraordinarios anunciados?

1. ¿Cuántas viviendas públicas están disponibles hoy mismo?
2. ¿Qué refuerzo presupuestario se ha aprobado?
3. ¿Qué plan de emergencia habitacional existe?

A día de hoy, no conocemos ninguna medida excepcional que permita afrontar el impacto que puede producirse en cuestión de semanas.

Criminalización frente a soluciones

Mientras las Administraciones no ofrecen alternativas reales, se impulsa un discurso que criminaliza a las familias vulnerables, etiquetándolas como «inquiocupas». Ese relato desvía la atención del verdadero problema:

• El encarecimiento descontrolado del alquiler.
• La escasez histórica de vivienda pública.
• La especulación inmobiliaria.
• La falta de voluntad política para intervenir cuando el mercado expulsa a la población trabajadora.

Defender el derecho a la vivienda no es justificar abusos. Es exigir que ninguna persona se quede en la calle por no poder asumir precios que han crecido muy por encima de salarios y pensiones. La vivienda es un derecho, no un negocio. La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, en la práctica, la vivienda se ha convertido en un activo financiero que genera beneficios mientras miles de familias viven con la amenaza constante del desahucio.

Cuando una familia pierde su hogar, no solo pierde un techo, sino que pierde estabilidad, arraigo, seguridad, salud física y mental. El coste social de los desahucios es infinitamente mayor que el coste de prevenirlos, por lo que son muy necesarias las siguientes medidas urgentes y concretas:

• 1. Un plan municipal urgente de prevención de desahucios.
• 2. Refuerzo inmediato de los servicios sociales.
• 3. Creación y ampliación real de una bolsa de vivienda de emergencia.
• 4. Movilización de vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
• 5. Coordinación efectiva para paralizar lanzamientos en casos de vulnerabilidad acreditada.
• 6. Apertura de una mesa permanente de diálogo con los colectivos sociales.

No hablamos de declaraciones de intención. Hablamos de medidas con presupuesto, calendario y mecanismos de seguimiento:

• «No aceptamos que la única respuesta ante el aumento de desahucios sea mirar hacia otro lado.
• No aceptamos que se responsabilice a las víctimas.
• No aceptamos que se normalice que familias trabajadoras vivan con miedo constante a perder su hogar.

Seguiremos organizándonos, acompañando a las familias y defendiendo el derecho a la vivienda por vías pacíficas y democráticas. Porque cuando una familia es desahuciada, no fracasa solo esa familia. Fracasa la política pública. La vivienda es un derecho. Y vamos a seguir exigiendo que se garantice.

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