Mientras Chichén Itzá se proyecta al mundo como uno de los grandes referentes patrimoniales de México, las comunidades mayas que viven y trabajan en su entorno denuncian una realidad muy distinta: presiones para abandonar el territorio, pérdida de sus medios de vida y decisiones tomadas sin su consentimiento.
El conflicto se ha intensificado con la construcción del nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI). Artesanos, guías y trabajadores locales aseguran que este proyecto busca reubicarlos fuera del interior de la zona arqueológica, alejándolos de los espacios donde históricamente han desarrollado su trabajo.
Pero esta disputa no se limita a Chichén Itzá. A no muchos kilómetros, en Mayapán, otra comunidad maya ha emprendido una batalla legal contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para defender su derecho a decidir sobre un espacio que consideran sagrado.
El trasfondo es el mismo: la tensión entre un modelo de gestión del patrimonio centralizado en las instituciones y la reivindicación de los pueblos originarios como sujetos con derecho a participar en las decisiones sobre sus legítimos territorios.
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